Entre manifestaciones en exigencia a su destitución, el fiscal general del Estado, Óscar Montes de Oca Rosales, compareció ante la XVII Legislatura.
Destacó logros en el tiempo de encargo, aunque la percepción ciudadana y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) le reviertan.
Este caso mantiene polarizados a integrantes del Poder Legislativo, mientras que la permanencia de dicho funcionario es tema en análisis de la gobernadora María Elena “Mara” Lezama Espinosa.
Esta tarde habitantes del Rancho “La Victoria” se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir justicia y paralelamente la remoción del fiscal general del Estado.
Porque a su juicio desde su llegada incurre en actos de corrupción que siempre van en perjuicio de los sectores vulnerables.
En la misma tesitura se pronunciaron familiares de personas desaparecidas desde hace años y la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha realizado acciones para localizarles.
Integrantes de la Asociación Civil “Somos Tus Ojos: Transparencia Quintana Roo” reiteraron la exigencia en la destitución de Montes de Oca Rosales, pues su labor es inoperante y la justicia es vendida al mejor postor.
Son tres agrupaciones civiles que respaldan esta petición, pero no pudieron estar presentes en el Congreso del Estado.
Durante su exposición, el fiscal general del Estado manifestó que al asumir esta responsabilidad el órgano estaba desestructurado.
Pues carecía de recursos, personal capacitado, insumos y tecnología para la prestación el servicio.
Asentó que ahora la situación es diferente porque la FGE está fortalecida y cada vez más competente.
En consecuencia, el personal brinda mejor atención y la operatividad es mayor, sobre todo en zonas consideradas de alta peligrosidad, aseguró.
En Quintana Roo hay cuatro catalogadas así y se ubican en la Zona Norte.
El fiscal general del Estado dio a conocer se han desestructurado 130 células delictivas mediante más de 200 cateos.
Aunque existen tres carteles de alta peligrosidad que operan en Quintana Roo y su alcance afecta hasta a comerciantes de bajo poder adquisitivo. Aun así, afirmó se mantiene el control sobre la inseguridad.
Porque el personal está comprometido con los objetivos planteados desde que fue designado en tal posición.
Reconoció que la falta de recursos siempre será limitante, pues del presupuesto asignado, el 74-39 por ciento es para el pago de nómina y servicios.
En reuniones inmediatas se expondrá de manera detallada al Congreso del Estado a fin de obtener ampliación de presupuesto.
Porque existe “población flotante” y un millón de turistas quienes también reclaman justicia.
Salvo en los casos de Hugo Alday Nieto y Ricardo Velazco Rodríguez, quienes han sido críticos del fiscal general del Estado, los cuestionamientos de los demás legisladores fueron “suaves”.
Los posicionamientos de ambos diputados llevaron a reconocer las deficiencias y desaciertos, con sus consecuencias, al interior del órgano impartidor de justicia.
Entre estos el rezago de expedientes, debido a que al asumir funciones Montes de Oca recibió rezago de 120 mil expedientes. Actualmente es de 110 mil.
Hay déficit de personal y acciones para la persecución del delito, pues diversos sondeos y han llevado a que el 78 por ciento de la población se sienta insegura en Quintana Roo.
Porque el delito patrimonial, violencia intrafamiliar, lesiones, narcomenudeo, fraude, homicidio y abuso de confianza le afectan.
De acuerdo al Censo Nacional de Procuración de Justicia 2022, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la FGE es de las menos productivas a nivel nacional.
En el 2021 solamente concluyó el 1.6 por ciento de las carpetas administrativas recibidas.
En ese entonces recibió 48 mil 200, aunque solamente concluyó 808, equivalente al 1.6 por ciento. Quedaron 39 mil 196 sin resolver.
Hubo 541 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), en contra de personal.
El presupuesto ejercido en el 2021 fue de mil cuatro millones de pesos.
La FGE cuenta con mil 833 trabajadores, de los cuales mil 381, correspondientes al 75 por ciento está adscrito a labores operativas y Ministerio Público (MP). Se desconocen las funciones del 25 restante.
La FGE es situada en el lugar 20 a nivel nacional en procuración de justicia.
Los diputados, principalmente de las comisiones de Justicia y Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, mantendrán reuniones periódicas con el fiscal general del Estado para coadyuvar con el resarcimiento de la problemática que le afecta y fortalecer las acciones para su operatividad en la persecución del delito.
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