Los números oficiales ahí están: en México, uno de cada cuatro habitantes vive en un asentamiento irregular, cerca de 30 millones de personas en zonas no aptas para vivir, en casi 18 mil asentamientos, donde el 99 por ciento se ubica en zonas de riesgo. La pandemia de 2020 a 2022 aceleró el problema en toda la región: miles de familias que perdieron ingresos ocuparon suelo donde pudieron, mientras la inversión pública en vivienda social, reservas territoriales y subsidios se recortaban.
Visibilizar estas cifras no es motivo de resignación, es el primer paso para evaluar si las decisiones públicas están a la altura del problema y para que los ciudadanos seamos partícipes de las soluciones.
Una de tantas situaciones diarias puede ser esta:
Termina tu jornada laboral en una tienda departamental, es las 11 de la noche, llamas a un taxi y el conductor pregunta la dirección, -hace una pausa-, te dice que no puede ir, afirmando: ¡No hay calles buenas y de noche es peligroso! Lo llevo pero lo dejo donde termina el asfalto, ¡Aceptas!, te bajas y caminas el tiempo necesario hasta casa, esperas que no llueva. Eso no es mala suerte, es el precio diario de vivir en un asentamiento irregular, un precio que no aparece en ninguna factura, pero que se cobra en tiempo, cansancio e inseguridad. Entonces, para no seguir pasando esta complicación de movilidad, te compras una moto a crédito, para moverte entre las dos “ciudades”.
Hay un costo más profundo que tampoco se contabiliza: la sensación de no pertenecer del todo a tu propia ciudad. De vivir en sus márgenes, literalmente. El desorden urbano no solo fragmenta el territorio, fragmenta también el tejido social. Vivir lejos y mal conectado impone además un impuesto invisible sobre quienes menos tienen, más tiempo, más pasajes, más distancia a los empleos y las oportunidades. Y aquí está donde se agudiza el tema: la irregularidad no es solo consecuencia de la pobreza, también la reproduce; menos ingresos, menos acceso al suelo formal, más irregularidad. No es fatalidad, es una trampa construida con decisiones y omisiones acumuladas.
Un asentamiento irregular puede ser una lotificación que surgió sin permiso sobre terreno no listo para habitarse, pero que tuvo el consentimiento del propietario o poseedor; puede ser un terreno de propiedad ejidal, pública o privada invadido ilegalmente por familias, o fraccionamientos de casas abandonadas que otros ocuparon sin consentimiento de autoridad o propietario original. En todos los casos el resultado es el mismo: familias que viven sin escrituras, sin servicios garantizados y sin certeza de que lo que construyeron o ocupan realmente les pertenece.
¿Cómo llega una ciudad a este punto? Entre otras causas, por acumulación, cuando no hay suelo legal accesible, cuando el empleo formal y los subsidios se reducen, cuando los trámites para construir bien son largos y tediosos, cuando las sanciones no llegan, cuando alguien se beneficia del desorden: el que lotifica sin servicios y cobra igual, el que otorga permisos donde no debe, el que especula con el suelo bien ubicado mientras la ciudad crece desordenada hacia las orillas. El desorden territorial casi nunca es accidente. ¡Con frecuencia es negocio!
Pero hay una parte que también nos incomoda reconocer: el ciudadano no solo es víctima de este sistema; a veces también lo alimenta cuando compra barato sin preguntar si hay escrituras o riesgo, cuando acepta que “así funciona” y espera que el gobierno regularice después lo que nunca debió construirse así. Normalizar el desorden tiene consecuencias que no absorbe el gobierno en abstracto: las absorbe la ciudad entera, y con más fuerza quienes viven en los propios asentamientos.
¿Qué se necesita para cambiar esto? Van algunas cosas concretas por hacer: que el gobierno anticipe la demanda, institutos de vivienda eficientes y transparentes, producir suelo accesible, reservas territoriales, programas sociales de lotes con urbanización progresiva, vivienda social con subsidio y trámites simples donde hacer las cosas bien sea más fácil que hacerlas mal. Que la autoridad actúe antes, no después: vigilar y monitorear mejor con uso de tecnología —drones—, identificar zonas de presión y sancionar a quienes hacen negocio con la necesidad ajena. Que haya desarrollo económico y generación de empleo formal, amplia difusión de la planeación urbana y que se entienda que el ordenamiento urbano no es un lujo técnico, es una condición básica de justicia.
La ciudad se desarrolla cuando sus habitantes dimensionan las consecuencias de lo irregular, cuando exigen opciones y buenos servicios antes de resignarse, cuando defienden el orden como un derecho de todos, cuando comprenden que el crecimiento urbano irregular se vuelve un problema de salud y ambiental, cuando participan en la planeación de su ciudad, cuando contribuyen pagando impuestos y servicios para una mejor calidad de vida.
Aquella zona habitada donde el transporte prefiere no entrar, de niños sin parque, sin escuela cercana, donde la inseguridad se agudiza, donde los servicios urbanos no llegan, ahí donde termina el asfalto: inicia una ciudad pendiente.
Columna por:
Arq. Eloy Quintal Jiménez
Urbanismo l La Ciudad Pendiente
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