La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que madres y padres de familia podrán acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para solicitar la devolución de colegiaturas cuando existan conflictos con escuelas privadas.
La resolución se emitió al analizar el amparo en revisión 1762/2026, donde las y los ministros concluyeron que el pago de servicios educativos genera una relación de consumo, por lo que las instituciones particulares están sujetas a las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Durante la discusión, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra explicó que la prestación de servicios educativos a cambio de un pago representa una relación entre consumidor y proveedor, mientras que el ministro Giovanni Figueroa Mejía señaló que las escuelas privadas ofrecen un servicio habitual por el que reciben una contraprestación económica.
El caso analizado surgió cuando un padre de familia solicitó el reembolso de pagos realizados a una escuela privada después de informar que sus hijos ya no continuarían en ese plantel. La institución rechazó la devolución y posteriormente recibió una multa de cuatro mil pesos por no acudir a una audiencia de conciliación convocada por Profeco.
La Corte confirmó que la Profeco tiene facultades para intervenir en asuntos relacionados con contratos, pagos y condiciones económicas entre familias y escuelas privadas, pero aclaró que no puede regular planes de estudio, contenidos educativos o validez oficial de los programas, atribuciones que corresponden a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Con esta resolución, las familias podrán recurrir a la Profeco cuando consideren que una institución educativa privada incumple acuerdos relacionados con pagos, servicios contratados o devolución de colegiaturas.
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