El Congreso del Estado de Yucatán emitió dos pronunciamientos para reafirmar que siete comunidades ubicadas en la zona limítrofe con Quintana Roo forman parte del territorio yucateco, además de solicitar a autoridades estatales, municipales y federales mantener la prestación de servicios públicos y programas sociales para sus habitantes.
Los decretos 208 y 209, publicados en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, establecen la postura institucional del Poder Legislativo respecto a localidades pertenecientes a los municipios de Chemax, Valladolid y Chichimilá, donde en los últimos años se han registrado diferencias relacionadas con la delimitación territorial y la atención gubernamental.
El primer pronunciamiento reconoce a Punta Laguna, Villa Guadalupe, Campamento Hidalgo y Bolmay como comunidades pertenecientes a Chemax, aunque señala que mantienen una “interconexidad municipal” con Valladolid. En 2023, Valladolid solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) reconocerlas como parte de su territorio, petición que fue rechazada; ese mismo año habitantes de Punta Laguna solicitaron pertenecer al municipio de Solidaridad, Quintana Roo, sin que procediera la petición.
El segundo decreto reafirma la pertenencia territorial de Chichimilá y de las localidades de San Salvador, Villahermosa y Cruz-Chen. El Congreso estatal señaló que los límites históricos y políticos continuarán vigentes hasta que exista una resolución definitiva de la autoridad competente sobre la controversia territorial con Quintana Roo.
El conflicto limítrofe se encuentra actualmente en análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde continúa pendiente la resolución de la controversia constitucional. El proyecto está a cargo de la ministra Estela Ríos González, aunque hasta ahora no existe fecha definida para emitir sentencia.
Los documentos también precisan que la cartografía elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene únicamente fines técnicos, estadísticos y de referencia geográfica, por lo que no determina límites territoriales entre entidades federativas ni modifica las atribuciones de los gobiernos locales.
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