La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó ayer un documento con recomendaciones al próximo Gobierno, que tiene como finalidad combatir la corrupción en materia de compras y licitaciones públicas.
En uno de los 13 puntos de la denominada ‘Agenda de competencia para un ejercicio íntegro en las licitaciones públicas’, la Cofece pide al Gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador que le permita participar en licitaciones relevantes, es decir, aquellas con un valor mayor a mil millones de pesos.
Durante el año pasado, de los 228 mil contratos públicos otorgados, con un valor conjunto de 585 mil millones de pesos, el 78 por ciento fue mediante una adjudicación directa. En estos se incluyen algunos de montos menores que por ley pueden entregarse bajo este procedimiento.
La Cofece busca revisar las bases, convocatorias y términos generales de una licitación cuando se trate de obras o adquisiciones de gran impacto. La iniciativa puede ser implementada por decreto presidencial.
“No queremos participar en todas, solo lo haríamos en cerca de 30 licitaciones al año”, detalló Alejandra Palacios, presidenta de Cofece.
El documento, que va dirigido principalmente a la Secretaría de Hacienda y a la Función Pública, consta de siete propuestas que requieren modificación legislativa y seis que sólo necesitan un decreto presidencial.
Entre éstas últimas se encuentra la creación de un mercado virtual de adquisiciones. Una iniciativa similar a la que pretende implementar la Secretaría de Hacienda, con la centralización de compras pero en una escala menor.
La Cofece también propone no solo multar a las empresas que realicen prácticas anticompetitivas, sino inhabilitarlas. “El castigo fuerte, más que la sanción administrativa, es no poder concursar y la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla la inhabilitación por colusión no se está aplicando”, dijo.
Asimismo, llamó a evitar la discrecionalidad en modificaciones a concesiones; establecer reglas claras para la subcontratación e incrementar los estándares de aprobación (plazo, cantidad, monto).
También considera necesario crear una Ley General de Contrataciones, “para que todos los estados tengan un estándar mínimo de buenas prácticas en términos de contratación”.
Además, propone al próximo Gobierno modificar la forma en que se evalúan las licitaciones públicas, que actualmente es a través de puntajes y transitar a un sistema en dos etapas, en el cual sólo puedan presentar una propuesta económica los participantes que pasen la fase de especificaciones técnicas.
A estas propuestas se sumaron el permitir la participación de licitantes interesados en los procedimientos que se llevan a cabo mediante invitación; publicar las investigaciones de mercado; aclarar las reglas bajo las cuales se puede adjudicar de manera directa y eliminar la excepción para las contrataciones entre dependencias y entidades de la administración pública Federal.
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