CHETUMAL, Q. Roo.- El procedimiento penal en contra de Gabriel Mendicuti Loría, ex titular de la Secretaría de Gobierno, seguirá su curso luego de que un juez de control de Chetumal desechó la solicitud para dar fin al proceso. La audiencia se realizó ayer y duró aproximadamente dos horas, en donde la defensa solicitó el sobreseimiento del caso basado en el artículo 327 fracciones III, IV y VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Según ese ordenamiento nacional, el sobreseimiento procederá cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; el imputado esté exento de responsabilidad penal; o se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley. Sin embargo, los representantes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por Rosaura Villanueva Arzápalo, presentaron una serie de argumentos y pruebas que demostraron la existencia de cada uno de los cargos que se le imputan al exfuncionario. “Después del debate ante el juez, este declaró la improcedencia debido a los argumentos contundentes hechos por los fiscales de anticorrupción” “Después del debate ante el juez, este declaró la improcedencia debido a los argumentos contundentes hechos por los fiscales de anticorrupción, por lo que el proceso penal al cual está sujeto el imputado Gabriel N continúa vigente”, informó en un comunicado la Fiscalía. En la audiencia estuvo presente, Mendicuti Loría, quien llegó por su propio pie procedente de la ciudad de Playa del Carmen, donde se encuentra cumpliendo la medida cautelar de resguardo domiciliario. Cargos que se le imputan El exfuncionario de la administración de Roberto Borge Angulo es procesado dentro de la carpeta administrativa 151/2017 por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública, contemplado en el artículo 207 del Código Penal del Estado (vigente al momento de los hechos). Según ese artículo, el delito se castiga con una pena de prisión de seis meses a tres años y de 30 a 200 días de multa. Mendicuti Loría está señalado, junto con una docena más de ex servidores públicos, por haber firmado contratos irregulares para arrendamiento de aeronaves que fueron utilizados para los viajes personales del ex gobernador así como de familiares y amigos. Los contratos fueron realizados a través de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S. A. y que causaron un daño al erario público cercano a los 600 millones de pesos.
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