La comisaria de Competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager, golpeó duramente a Google con una multa por 4 mil 300 millones de euros (5 mil millones de dólares) la semana pasada, en lo que es la mayor sanción en la historia en un caso antimonopolio. El caso no tenía que terminar así.
Un año antes, cuando ya enfrentaba una multa por 2 mil 400 millones de euros por otro caso en la UE, la empresa tecnológica hizo silenciosos intentos por llegar a un acuerdo judicial para terminar con la demanda por sus negocios con los fabricantes de los teléfonos Android, pero la respuesta que recibió fue igual de fría que esta vez.
El gigante de búsquedas por internet había esperado al menos un año para intentar buscar un acuerdo, afirmó Vestager en una entrevista. Cuando una compañía quiere llegar a un acuerdo debe “acercarse inmediatamente después” de recibir la demanda inicial de la UE, explicó Vestager.
“Eso no pasó en este caso y todo siguió el curso que ya hemos visto”, dijo, respecto a las negociaciones, de las que no se sabía hasta ahora.
Google, una unidad de Alphabet, ha sido uno de los principales blancos antimonopolio de la UE, con al menos tres demandas. La empresa ha fallado dos veces en lograr un acuerdo judicial, en casos que han resultado en multas por 6 mil 700 millones de euros, y la amenaza de más por venir.
Google rehusó comentar sobre los intentos para llegar a un acuerdo judicial.
La compañía apelará la decisión de la UE, aseguró su máximo responsable, Sundar Pichai, en una entrada de blog, quien también mencionó que ha “mostrado que estamos dispuestos a hacer cambios”.
Tras la multa recibida en junio de 2007, en el caso por las compras de los teléfonos, los abogados de Google comenzaron los acercamientos hacia sus contrapartes de la UE, para expresar su voluntad de un acuerdo en la demanda por Android, uno de los principales productos de la empresa.
El interés de la compañía con sede en Mountain View, California, por sellar el caso con un acuerdo, era fácil de entender. Google entrega gratuitamente el software Android a fabricantes de teléfonos, pero los obliga a preinstalar sus aplicaciones, si quieren también tener la aplicación de la tienda Play, que ofrece más de un millón de programas.
El gigante tecnológico también paga a los fabricantes, empresas de telecomunicaciones y a otros buscadores de internet para que utilicen su programa de búsqueda, que recaba información de los usuarios.
Gracias a estos acuerdos, Google ha logrado ventas anuales de 50 mil millones de dólares en anuncios en teléfonos móviles, lo que equivale a un tercio del mercado mundial, según la firma de investigación EMarketer.
En agosto de 2017, abogados de Google redactaron una carta sugiriendo posibles cambios para responder a las preocupaciones de la UE, según personas conocedoras del tema.
Google dio a conocer que estaba preparado para ajustar sus contratos para flexibilizar las restricciones que no le gustaban a la UE, e incluso consideraba distribuir sus aplicaciones de dos formas distintas.
La carta no entregaba detalles, ofreciendo sólo un punto de partida para las conversaciones, según las personas consultadas, que pidieron no ser identificadas porque los contactos iniciales con los reguladores fueron confidenciales.
Los abogados de Google nunca recibieron una respuesta oficial, y sólo obtuvieron comentarios de funcionarios advirtiendo que un acuerdo ya no era una opción, por lo que no pudieron hablar de si la empresa estaría dispuesta a pagar una multa como parte del acuerdo, comentaron las personas consultadas.
Los funcionarios de la UE encontraron la oferta poco convincente y la consideraron un intento demasiado pequeño, que llegaba muy tarde, señalaron otras personas.
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