La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) informó que presentó una demanda colectiva contra al menos 53 distribuidoras de Gas LP acusadas de manipular precios durante más de una década en distintas regiones del país. La acción legal tiene como objetivo reparar el daño económico causado a millones de consumidores, tras detectar prácticas monopólicas en mercados clave como Ciudad de México, Estado de México, Colima, Tamaulipas y Sinaloa.
De acuerdo con la resolución oficial, las empresas involucradas, entre ellas Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas y Gas Metropolitano, habrían acordado fijar precios, dividir mercados y restringir la competencia en la distribución del combustible. Estas acciones derivaron en un sobrecosto estimado superior a los 13 mil millones de pesos para los usuarios finales.
La CNA detalló que, además de las sanciones administrativas previamente impuestas, la demanda colectiva busca que las compañías compensen directamente a la población afectada mediante descuentos en el precio del Gas LP. La medida pretende generar una reparación tangible del daño económico causado durante más de diez años.
El caso adquiere relevancia debido a que el Gas LP es el principal energético de uso doméstico en México. Datos oficiales indican que 8 de cada 10 hogares lo utilizan para cocinar y calentar agua, con un consumo promedio de 74 kilogramos por persona al año. Esto implica que cualquier alteración artificial en su precio impacta directamente en el gasto cotidiano de las familias.
Como antecedente, en 2021 el Gobierno federal implementó un esquema de control de precios máximos a través de la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con el fin de limitar márgenes excesivos. Aunque inicialmente fue una medida temporal, el mecanismo continúa vigente en 2026 con nuevas metodologías de cálculo.
La CNA señaló que esta acción legal forma parte de una estrategia más amplia para combatir prácticas anticompetitivas en sectores estratégicos. El organismo indicó que busca enviar un mensaje claro sobre la aplicación de sanciones a empresas que afecten el consumo básico de la población.
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