El Congreso de la Unión analiza posibles modificaciones al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA) con el objetivo de endurecer las sanciones por delitos de alto impacto cometidos por personas menores de 18 años. La discusión surge a partir de una iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), que plantea que adolescentes puedan ser juzgados como personas adultas en casos como homicidio, feminicidio, violación y secuestro.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, informó que la propuesta será revisada durante la próxima reunión plenaria de su grupo parlamentario, al considerar necesario realizar un análisis exhaustivo del planteamiento ante el incremento de delitos de alto impacto en el país.
Especialistas y legisladores de distintas fuerzas políticas señalaron que cualquier reforma deberá respetar los derechos humanos y los tratados internacionales suscritos por México. El especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Gustavo Garduño Domínguez, advirtió que antes de modificar la edad penal o los procedimientos es necesario definir qué delitos podrían ser incluidos y evaluar las implicaciones de someter a adolescentes a procesos penales de personas adultas.
Actualmente, el SIJPA establece que las personas de 12 a 13 años no pueden recibir medidas privativas de la libertad; para quienes tienen entre 14 y 16 años el internamiento máximo es de tres años, mientras que para adolescentes de 16 a 18 años el límite es de cinco años. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a principios de 2024 había 3 mil 785 adolescentes con alguna medida de sanción, de los cuales 66.3% cumplía medidas no privativas de la libertad y 33.7% medidas privativas o restrictivas.
Desde el PRI, la senadora Claudia Edith Anaya pidió que cualquier modificación se sustente en un análisis profundo y no como respuesta inmediata a hechos violentos, mientras que la senadora de Morena, Verónica Noemí Camino Farjat, planteó revisar criterios para establecer agravantes y atenuantes sin modificar el marco legal vigente. Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, señaló que el tema deberá discutirse mediante foros y un debate amplio antes de definir posibles reformas.
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