El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, abandonó la madrugada del jueves 26 de junio el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) de Ayala, Morelos, luego de que una jueza federal determinara su absolución por el delito de delincuencia organizada, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó elementos suficientes para acreditar su responsabilidad penal.
La jueza Graciela Anaya Ruiz ordenó su salida del centro penitenciario después del pago de una garantía de 10 millones de pesos. Como parte de las medidas cautelares establecidas, el exmandatario permanecerá bajo arresto domiciliario en un inmueble del Estado de México, con vigilancia electrónica permanente mediante un brazalete y restricciones de movilidad.
Borge Angulo, quien gobernó Quintana Roo de 2011 a 2016 bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), permanecía recluido desde enero de 2018, tras ser extraditado desde Panamá, donde fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando intentaba viajar hacia Francia.
La absolución corresponde a la causa penal 381/2017 por el delito de delincuencia organizada, proceso en el que la Fiscalía General de la República no logró acreditar la participación del exgobernador en los hechos señalados. De haber recibido una sentencia condenatoria, la pena prevista por este delito era de entre 20 y 40 años de prisión.
Sin embargo, Borge continúa vinculado a otro proceso federal por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. La investigación señala la presunta venta irregular de entre 22 y 25 inmuebles pertenecientes a la reserva territorial de Quintana Roo durante su administración, ubicados en municipios como Cancún, Cozumel, Tulum, Playa del Carmen, Bacalar y Chetumal.
De acuerdo con la acusación, dichos terrenos fueron vendidos por 238 millones 790 mil 121 pesos, pese a que su valor estimado ascendía a mil 138 millones 889 mil 540 pesos, lo que habría generado un presunto daño al erario superior a los 900 millones de pesos. El exgobernador seguirá sujeto a las determinaciones del Poder Judicial mientras continúa este procedimiento.
Deja un comentario