La política de “austeridad republicana” de Andrés Manuel López Obrador reduciría el sueldo a un grupo de entre 5 mil y 8 mil servidores públicos, quienes actualmente ganan más de los 108 mil pesos al mes que el virtual presidente electo propone como tope salarial.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante 2018 se contabilizaron 3 mil 600 trabajadores de base y casi 4 mil 500 trabajadores de confianza que superan dicho tope.
Si adicionalmente se cumple la promesa de recortar hasta 70 por ciento el número de plazas de este último grupo, son al menos 5 mil trabajadores los que verían una reducción en su sueldo.
Actualmente el tabulador salarial de la administración pública es encabezada por el presidente de la República, al cobrar 2 millones 579 mil pesos al año (214 mil 994 pesos mensuales). Según el artículo 127 de la Constitución, ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República.
Las posiciones que se verían afectadas en todas las dependencias son las de Secretario de Estado, Subsecretario de Estado, Oficial Mayor, Jefe de Unidad, Director General y Director General Adjunto.
El equipo de transición en economía y finanzas, liderado por Carlos Urzúa, próximo titular de la SHCP, asegura que existen márgenes para obtener ahorros presupuestales reduciendo los costos de operación del gobierno sin afectar la provisión de bienes y servicios a la población.
Según especialistas y exfuncionarios, estas medidas son un arma de doble filo, pues sí generan ahorros y menor presión en las finanzas públicas, pero también puede ser el detonador de una fuga de talento del servicio público a la iniciativa privada.
Aristóteles Núñez, exjefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), consideró que, aunque la reducción de los salarios podría derivar en pérdida de talento en algunos puestos, no significa que los nuevos funcionarios que lleguen no estén a la altura del proyecto que pretende la nueva administración.
“Es posible que a muchos de esos nuevos potenciales funcionarios les parezca atractivo el sueldo y las condiciones que se impongan en la nueva administración y hagan un buen papel”, dijo a El Financiero.
Miguel González, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la UNAM, expuso que se deben limitar los sueldos, pero de forma acotada. “Me parece que se han extralimitado las percepciones, prestaciones y privilegios de los servidores públicos de niveles superiores y deben acotarse. Sin embargo, extenderlo a todos los niveles de gobierno daría al traste con el servicio civil de carrera”, dijo.
Competitividad, en vilo
Héctor Márquez, director de Marketing y Relaciones Institucionales de ManpowerGroup México, Caribe y Centroamérica, indicó que la reducción de sueldos sí podría afectar la competitividad del sector público en las remuneraciones frente a la iniciativa privada, aunque dependerá de si son o no eliminadas otras compensaciones, como bonos y prestaciones.
“En el ámbito de los recursos humanos hay un umbral en el que cuando se reduce el salario en más del 15 por ciento, ya se considera una afectación en el ingreso de las personas, y lo que podríamos ver es que los servidores públicos que decidan quedarse quizá buscarían un ingreso adicional”, expuso el especialista.
?Con información de Héctor Usla, Gonzalo Soto y Zenyazen Flores*
Deja un comentario