Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) protestaron en la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, para solicitar la salida de su líder, Martín Esparza.
Los trabajadores de esa institución expusieron que desean la expulsión de Esparza a causa de un supuesto pacto que éste realizó con Enrique Peña Nieto, actual Jefe del Ejecutivo, para no hacer públicos los contratos que acompañaron la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
“Durante el sexenio, Martín Esparza Flores contó con la protección de Enrique Peña Nieto. Entre ambos, decidieron mantener en resguardo, clasificado, el acuerdo y los convenios que acompañaron la liquidación de Luz y Fuerza (…) No queremos que se le proteja más”, dijo Mario Benítez Chávez, quien lideró la protesta.
“Respetuosamente le solicitaremos (a López Obrador), una vez que sea presidente en funciones, la desclasificación de todos los documentos que acompañaron la liquidación de la empresa y los trabajadores. Y los daños que se dieran a conocer como producto de la desclasificación deberán tener seguimiento de las autoridades competentes”, continuó.
Asimismo, acusó que Esparza Flores y sus familiares recibieron cantidades millonarias de dinero como liquidación por su labor en el órgano extinto.
“Aquí le anexamos copias certificadas por el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) sobre las liquidaciones millonarias, ilegítimas e inmorales que obtuvieron Martín Esparza y todo el Comité Central, así como familiares, amigos y compadres”, señaló Benítez.
El grupo que engloba a trabajadores del SME y la extinta Luz y Fuerza del Centro solicitó, además, una reunión con el tabasqueño para tratar temas relacionados al respecto de su autonomía sindical.
Los representantes de las instituciones fueron acompañados por integrantes de la Ruta 100, que fue un sistema de transportes públicos el cual desapareció en 1995 debido a la deficiencia de su servicio.
René Guevara Rodríguez, líder de los manifestantes de la desaparecida ruta, puntualizó que en 1996, quienes fueron liquidados otorgaron el 30 por ciento del dinero que les correspondía para obtener concesiones de transportes, las cuales nunca les fueron entregadas, sin que hubiera algún responsable por dicha acción.
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